La OCDE acaba de publicar un interesante estudio donde se desglosa por una parte, cuáles son los costes laborales en cada país; así como qué parte de esos costes detrae el Estado en concepto de impuesto de la renta y de Seguridad Social. En la tabla siguiente se muestra, en azul claro cuál es porcentaje del coste laboral que se va en pagar estos dos tipos de impuesto: Renta y Seguridad Social. En azul oscuro se representa únicamente la parte de seguridad social. La diferencia entre ambos valores corresponde al IRPF
En un primer vistazo al gráfico llama la atención el dato de Bélgica, donde más de la mitad del salario bruto va a parar al Estado. El dato es particularmente curioso si se tiene en cuenta que es uno de los países europeos con mayor deuda pública (casi el doble que la española).
Pero quizá, de donde podemos sacar más conclusiones es de comparar el comportamiento de los países escandinavos con el de Grecia. En los primeros, encontramos la mayor distancia entre ambos tipos de impuesto (como en Dinamarca, donde el IRPF es tres veces mayor que el pago de Seguros Sociales; entre otras cosas porque el empresario no paga nada en este concepto). Mientras que en Grecia la distancia se limita a apenas 2 puntos.
Es demasiado aventurado, y sobre todo muy poco científico, sacar conclusiones sobre la correlación entre la salud de un país y cómo se reparten los impuestos directos. Pero no es descabellado pensar que la existencia de una sola tasa sobre los salarios, que financie tanto los seguros sociales como el gasto corriente del estado, aumenta la eficiencia y simplifica el sistema.
En España por ejemplo, el coste laboral medio es de 44.874,6 euros, de ellos el 23% lo paga directamente el empresario a la Seguridad Social, por los que el salario que realmente “ve” el trabajador es de 34.552,44. También en concepto de Seguridad Social, el trabajador aporta, de media, el 4,9% del coste laboral; esto es, 2.198,85 euros. Por último, el 11,7% lo paga el empleado en concepto de IRPF.
El hecho de que el dinero vaya a dos cajas diferentes, que por ley no pueden conectarse, genera algunas ineficiencias. Un buen ejemplo de ello lo vemos en la actualidad, donde por un lado la Seguridad Social registra superávit, y por otro, el resto de las Administraciones están padeciendo uno de los mayores déficits que se recuerdan. La única vía que la Ley permite para que la primera financie a las segundas es la compra de deuda pública, es decir: el Estado (bajo la forma de la Administración Central) le pide prestado al Estado (bajo la forma de Seguridad Social) y le paga intereses por ello.
Los cambios de hondo calado, como el que aquí se sugiere, necesitan de un amplio debate social y sobre todo de tiempo. Sin embargo, en economía dos más dos son cuatro pero mil más mil, si se hacen bien las cosas, pueden ser tres mil.
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