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jueves, 19 de mayo de 2011

La eficiencia del Estado

Uno de los análisis más lúcidos que he leído sobre la caída del comunismo lo hizo John Kenneth Galbraith en "Un viaje por la economia de nuestro tiempo". Según el autor, este régimen fue incapaz de responder a las millones de demandas de productos “pequeños”, que requieren los ciudadanos en su día a día . De tal forma que si bien la URSS fue líder mundial, casi hasta el año 89, en producción de acero, los calcetines eran poco menos que un artículo de lujo, cuya adquisición necesitaba meses en una lista de espera.

Lo que Galbraith quería subrayar era que la planificación centralizada de la producción no puede preveer, por razones obvias, la infinidad de necesidades, muchas veces cambiantes, de una población de más de cien millones de habitantes. Pero argumentaba igualmente, que el efecto escala (más eficiente cuanto más grande) hacía que, en áreas como la antes citada del acero o la industria militar, se alcanzarán valores de producción, y de productividad, comparables a los de Occidente. Prueba de ello fue la estatalización de empresas de servicios públicos básicos que se llevó a cabo en muchos países de la Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial.

Es un poco pobre afirmar que la única enseñanza que nos ha dejado la caída del comunismo, haya sido que el Estado no puede dedicarse a fabricar calcetines, pero si nos centramos en lo económico (es decir, sin entrar en el ámbito de las libertades individuales), poco más se puede añadir.

Un buen ejemplo lo tenemos en España. Para muchos, incluso muchos de los que viven gracias a él, el Estado es poco menos que un nido de vagos y un lugar donde la desidia y la ineficacia reinan por todas partes. Contra este esquema, se presenta a la empresa privada como ejemplo de optimización de recursos. Pues bien, creo que en este caso los números y el relato de los hechos no viajan en el mismo tren. Me explico.

En 2010 las 35 empresas del IBEX-35 tuvieron unos ingresos de 240.606,01 millones de euros (dato de 2008) y unos beneficios de 51.636 millones. Para conseguir esto, dispusieron de 1.200.000 trabajadores. Estos trabajadores estuvieron gestionados por unas cúpulas empresariales que entre altos ejecutivos, consejeros de dirección y otros mandos, ingresaron algo más de 853 millones de euros.

Comparemos estos datos con los del Estado Central, una de las tres administraciones del Estado en España. Durante el pasado año trabajaron para él algo más de  550.000 funcionarios, menos de la mitad del dato de las empresas del IBEX. El dinero total que se gestionó supera los 120.000 millones de euros por parte de La Administración General del Estado el presupuesto y 107.376,63 millones de la  Seguridad Social. En cuanto a los gastos de la “cúpula directiva”, y según los Presupuestos Generales del Estado de 2010, toda la estructura del poder legislativo (Parlamento, Senado, Defensor del Pueblo, Junta electoral Central, incluyendo a los miles de funcionarios electos o no que trabajan para alguna de estas instituciones), costó algo más de 230 millones de euros, entorno a la tercera parte del dato equivalente de las empresas del IBEX, que recordemos, sólo incluía la remuneración de los directivos.

Por otra parte, si comparamos el sueldo del presidente del gobierno y el de su colega en Telefónica (Cesar Alierta), este último tuvo unos ingresos el año pasado  (2,4 millones de euros), 30 veces superior a los del primero (78.000€).

La comparación no deja lugar a dudas. Nuestra "ineficaz" Administración Pública paga mucho peor a sus trabajadores, gestionan prácticamente la misma cantidad de dinero y lo hacen sirviéndose de menos trabajadores que el sector privado.

Está bien que los calcetines no los compremos en una ventanilla única pero a la hora de criticar lo público, lo de todos, a los que lo gestionan y a los que trabajan en él no estaría mal tener algún dato más que acompañar a tanto prejuicio

1 comentario:

  1. Muy clarificador. Hay demasiada demagogia barata con lo de los sueldos de los políticos. No obstante, el control y la transparencia debe primar sobre todo lo demás. Publicar sus declaraciones de renta antes, durante y después de su actividad política les ayudaría a recuperar parte de la confianza perdida.

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