Podría entender que me vayan a quitar una de mis catorce pagas (que es un derecho, no un privilegio) si quien lo hace no hubiera dicho hace apenas un mes, que esto no se haría.
Podría entender que me vayan a subir la jornada de trabajo si el partido que lo decide no fuera la mayor “agencia de colocación de chupópteros” (con dinero público) de España.
Podría entender la subida del IVA si el ministro que la consuma no la hubiera negado apenas quince días antes, o si no la justificara aludiendo al fraude en este impuesto, mientras lo legitima con medidas como la Amnistía Fiscal. También lo entendería si el partido que la perpetra no hubiera hecho una campaña infame y desleal contra la subida del anterior gobierno, que recordemos, fue bastante más moderada.
Podría entender la drástica reducción de las prestaciones por desempleo si la Secretaria General del PP no fuera una de las mujeres mejor pagadas de España, o si Esperanza Aguirre aplicara el Impuesto de Patrimonio, que recordemos, deja cada año de recaudar cerca de 600 millones de euros de las personas más ricas de la Comunidad de Madrid.
Entendería, y además comparto, la eliminación de la deducción por compra de vivienda si no hubieran criticado, hace un año, esta misma medida pero (oh Caramba!) aplicada por el gobierno anterior. O si no la hubieran recuperado hace apenas 6 meses.
En fin, que entiendo que el Estado está en una situación crítica y que son necesarias medidas para recuperar la solvencia de Lo Público (por cierto, mejorando los ingresos y no acabando con los servicios que se “pretende mantener”), pero que las aplique la misma gente que, entre otras muchísimas cosas, se ha cargado el pluralismo en los medios de comunicación públicos, me parece tan insoportable que les niego la legitimidad para hacerlo.
